Una de las críticas, por evidente, a la acción de este gobierno es la muy deficiente gestión de los recursos humanos, tanto en el Ayuntamiento, como en las empresas públicas municipales.
Cuando no son los funcionarios de Atención al Cliente; son los Policías Municipales; cuando no las reiteradas demandas de los sindicatos por falta de dialogo; cuando no los desacuerdos de la RPT (judicializadas y ganadas por sindicatos); o los más que continuos procesos judiciales en los juzgados de lo laboral de trabajadores -que de forma habitual pierde el Gobierno- incluso por sospechosa incomparecencia.
Además, ahora se añade unos despidos, declarados improcedentes, que nos van a costar unos 300.000€ en RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL de SERVICIOS. Oscar y Marta, Marta y Oscar: «tanto monta, monta tanto».
El pasado día 22 de febrero de 2019, en la entrada al lugar de convocatoria de la Junta de Portavoces, allí estaba Oscar reclamando fuera atendido por el Alcalde. D. Pedro, evidentemente contrario, intentando quitar hierro y no entendiendo la gravedad de fondo del asunto … bueno, o no queriendo entender. Él es experto, y bueno, en discursos retóricos de mucha palabra y poca chicha.
Lo cierto es que esos despidos improcedentes van a costar a cada ripense (somos 90.009, bonita cifra capicúa), unos 3.33€/habitante. Una familia media le corresponde unos 13€. Y es que 13€/familia son muchos euros. Eso si todo va bien, porque recurrida la sentencia y, si ganan Oscar y Marta, el asunto puede dispararse.
¿Que se puede hacer con 300.000 euros? Pues, por ejemplo, pagar a los policías municipales su equiparación -(C1 versus C2) o la de los antiguos sargentos, ahora subinspectores -(C1 versus A1). Sin ir más lejos.
Pero más allá del importante aspecto económico, se encuentra el drama humano de aquellos que se quedan en paro por entender -ellos- que son discriminados ideológicamente, o por pensar que son marcados por no atender las reclamaciones de ciertas «castas político-sindicales» imperantes en el municipio.
En nuestras reuniones con uno de los afectados; más allá de un problema de gestión económica; más allá de gestión de recursos humanos; más allá del estigma por creer que se le critica un trabajo correctamente realizado; flota en el ambiente una cuestión de gestión ideológica en el marco de una empresa pública y una Constitución de 1978, que es intolerable con la última gestión reseñada. Todos somos iguales independientemente de nuestras convicciones. Se trata pues de un problema de LIBERTAD.
El asunto designado como «carácter estrictamente reservado del tema», por parte del gerente y la consejera delegada, ha sido filtrado y está en boca de todos como consecuencia de las informaciones de un tal «YOSO PELOSO».
YOSO PELOSO maneja, sabe, y conoce, más información que los miembros de la Junta de General de la RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS y, además, lo publica. ¿Quién es YOSO PELOSO? ¿Quién es este sujeto que tiene tanta información? ¿Cómo pudo acceder a la misma? «YOSO PELOSO» se pone la otra capucha informática de «JHOSO PELS», borra fotos, e intenta pasar página. lo cierto es que, en mi opinión, YOSO PELESO o JHOSO PELS, o como quiera llamarse ahora desde el anonimato cobarde muestra una enorme deslealtad a RIVAMADRID empresa de Servicios; a su Consejo de Administración; a la Junta General de la empresa; a sus trabajadores; y consecuentemente a todos los ripenses. Al no decir quién es, además, muestra ser deshonesto, no honrado y falta a «la hombría de bien» de decir las cosas de forma abierta y directa. Nunca votaría, o autorizaría que un individuo así me representará en institución alguna.
Independientemente de la gravedad del proceso, judicializado, esta la gravedad de la filtración de unos datos confidenciales desde personal de la empresa o, incluso, lo que sería gravísimo, desde el consejo de administración. ¿Quién filtró los datos? ¿Por qué los filtró?
No se nos puede pedir a «consejeros» y a los «Junteros» máxima discreción en un asunto, y que alguien lo esté vulnerando. No es justo, no es ético, no es moral. En este sentido la responsabilidad de la consejera delegada es actuar sobre el filtrante, antes que se marche a Europa. Sí, actuar duramente y pedir responsabilidades. Si la consejera delegada no lo hace, entonces ha de ser el Alcalde-Presidente como máxima autoridad de RIVAMADRID quien actúe.
De no hacer eso, perderán la auctoritas, al menos en mi caso, para solicitarme discreción en este tema, y actuarán hacia mi sólo desde la potestas, que la tienen. Pero quien actúa sólo desde la potestas no lidera, oprime. Como ven es, de nuevo, una cuestión de LIBERTAD.
Por último, YOSO PELOSO, yo sí firmo esta carta.
Antonio de la Peña
Portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid